La Ley 348 no garantiza a las mujeres una vida libre de violencia

Desde la promulgación de la de Ley 348, hace cinco años, se registraron 503 feminicidios. El número de crímenes contra la mujer tuvo un ascenso progresivo: 26 casos el 2013, 71 el 014, 110 el 2015, 111 el 2016 y 109 el 2017. En 2018, con 76 feminicidios en lo que va del año, se prevé que se rebasará los 100 casos. Además, se presentaron otros tipos de violencia sancionados por la Ley como violencia física, psicológica y acoso sexual, entre otros.

En 2015, Marín Sandoval, expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz (ALDLP), golpeó brutalmente a su pareja. La madre de ella presentó un una querella criminal contra el agresor por feminicidio. Sin embargo, la fiscal de Violencia contra la Mujer, Karina Cuba, propició una conciliación entre ambas partes y la madre la víctima retiró su denuncia.

El asambleísta consiguió su libertad “como si nada hubiera ocurrido”. La Ley 348, en su Artículo 46, prohíbe la conciliación en cualquier hecho de violencia contra las mujeres. Del mismo modo, la norma sostiene que ninguna institución receptora de denuncias ni su personal podrán promover la conciliación ni suscripción de ningún tipo de acuerdo entre la mujer y su agresor. 

En 2016, la periodista Yadira Peláes denunció al exgerente de Bolivia TV, Carlos Flores, por acoso sexual. Luego de eso, la ministra de Comunicación, Gisela López, interpuso un proceso penal contra la denunciante. Así mismo, el canal estatal la acusó por conducta antieconómica. Además, Peláes recibió llamadas amenazantes para que desista del caso. Este hecho la impulsó a entregar al presidente Morales una copia de la denuncia.

El Artículo 21 de la Ley 384 protege, en teoría, a la mujer de toda forma de acoso sexual o acoso laboral e impulsa procedimientos administrativos para su denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción. Así mismo, el Artículo 35 prohíbe al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas con la mujer denunciante. Las acciones contra Peláes contradicen esos artículos.

En ambos casos estuvieron involucrados funcionarios del Estado. En el primero, el asamblísta consiguió su libertad facilmente e incluso presentó un recurso legal para  retomar sus funciones en la ALDLP. El segundo, los hechos son evidentemente represalias para callar la voz de Yadira Peláez. Bolivia tiene los más altos índices regionales de agresión contra las mujeres. Estos ejemplos, entre muchos otros, son un pésimo precedente en la lucha contra la violencia a las mujeres

Por Benjamín Paredes